La Generalitat concentra la mayor parte de las quejas por acoso psicológico. ABC, 28/11/2007

BARCELONA.

Sin ser un número muy elevado, las quejas del personal de las administraciones por acoso psicológico no han parado crecer desde 2003, ya que han pasado de tres ese año a doce en 2006, según cifras facilitadas ayer por el Síndic de Greuges. La mayoría de las 31 quejas recibidas por esta institución en los cuatro años procede de trabajadores de la Generalitat y, dentro de esta, del Departamento de Educación. El Síndic, Rafael Ribó, recomienda que el acoso psicológico esté regulado y sea tipificado como infracción en las administraciones públicas y, en consecuencia, sancionado. Es una de las recomendaciones incluidas en el informe extraordinario «El tratamiento del acoso psicológico en el marco de las administraciones públicas catalanas», que Rafael Ribó ha enviado a los departamentos de Gobernación y Trabajo de la Generalitat, y que ayer se dio a conocer. Peregrinaje de los afectados «Una regulación clara y completa favorecerá un buen tratamiento del fenómeno y evitará el peregrinaje administrativo y judicial de los afectados», indica el Síndic de Greuges en una nota de prensa. Rafael Ribó considera que «actualmente, la normativa aplicable al personal al servicio de las administraciones no regula suficientemente los supuestos de acoso psicológico». Los convenios colectivos y los acuerdos de funcionarios negociados en las administraciones también deben situar el fenómeno en el marco de la prevención de riesgos laborales, ya que, a juicio del Síndic, implica un riesgo psicosocial grave. «Sería recomendable que los pactos o los convenios establezcan que cualquier trabajador o funcionario pueda poner en conocimiento, por sí mismo o mediante sus representantes, los actos que signifiquen faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad humana o laboral», apunta el Síndic. También recomienda establecer un protocolo de actuación para el estudio de los casos de acoso que señale cómo han de actuar la víctima, los representantes del personal y la administración implicada. En esta línea, Ribó cree que puede ser útil la creación de una comisión, dentro del Comité de Seguridad y Salud de cada administración, encargada del seguimiento de estos casos. Con respecto a la regulación del personal funcionario, el informe señala la necesidad de que la normativa de función pública dé cuenta de las conductas constitutivas de acoso psicológico, aprovechando la oportunidad que supone que hay que adaptarla a lo que dispone el Estatuto básico del empleado público.

Author: ADECAF