El estrés de la ayudante de prisiones. webprisionesopositor.blogspot.com, 24/07/2008

La Audiencia Nacional ha concedido una pensión extraordinaria de jubilación a una funcionaria de prisiones que estaba destinada en Sevilla por el “estrés” de su trabajo, que le llevó a sufrir una psicosis paranoide crónica que la propia afectada relacionó con los atentados de ETA contra sus compañeros de prisiones y con las amenazas que, según la mujer, ella misma había recibido en el desempeño de su labor. La funcionaria, que desde 1996 estuvo adscrita a la prisión de Sevilla con la categoría de ayudante de Instituciones Penitenciarias, se jubiló por una incapacidad permanente en 2004 y reclamó una pensión extraordinaria “por atentado terrorista”, aunque la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado que su patología pueda enmarcarse en este ámbito. El tribunal considera que, una vez analizadas todas las pruebas y los informes médicos, no puede concluirse que la incapacidad que derivó en la jubilación de la funcionaria “tenga su motivo determinante en un acto terrorista”. No obstante, los magistrados sí que consideran que la incapacidad es “consecuencia efectiva del servicio prestado” como funcionaria de Instituciones Penitenciarias, pues en el informe psiquiátrico aportado en el expediente se señala que la enfermedad es de “etiología endovivencial e íntimamente relacionada con la vivencia estresante de los atentados terroristas y el estrés laboral al que ha estado sometida en esos años”. La sentencia de la Audiencia Nacional considera que el informe elaborado por el Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) refleja un origen y evolución del proceso patológico de la funcionaria relacionado “con esos eventos de su trabajo funcionarial en centros penitenciarios en los que son corrientes dichas amenazas y en esa época los actos terroristas”. Estas circunstancias, añade el tribunal, “provocan directamente ese estrés que en este caso ha desencadenado en una enfermedad psíquica de la que no se acredita que dicha funcionaria la padeciera con anterioridad”. El primer ingreso hospitalario de la funcionaria tuvo lugar en abril de 1991, dos meses después de que explosionara en la prisión provincial de Málaga una bomba colocada por ETA cuando la trabajadora se hallaba de servicio. Otro artefacto explosivo estalló en la comisaría de Policía de Torremolinos, cerca de donde la mujer tenía su domicilio habitual. Cuando ya se encontraba destinada en la prisión de Sevilla, donde vigilaba a presas de la banda, sufrió en 1997 un nuevo brote psicótico que requirió su ingreso hospitalario. La funcionaria aseguró entonces que había recibido amenazas de ETA en una época en la que coincidió con varios atentados en Sevilla, como el asesinato del concejal del PP en el Ayuntamiento Alberto Jiménez Becerril y su esposa, así como con el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. La funcionaria llegó a declarar ante el instructor del expediente que las afecciones psíquicas por las que fue jubilada tenían una relación directa con los atentados terroristas, “tanto en el año 1991 como en el segundo ingreso clínico que se produjo en 1997, a consecuencia de la ola de atentados sufridos en Sevilla, convirtiéndonos los funcionarios de Instituciones Penitenciarias en objetivo de la banda terrorista ETA. Estando de servicio soy directamente amenazada por una interna de ETA”, afirmó la trabajadora según el relato que recoge la sentencia de la Audiencia Nacional. Al final, el tribunal le ha concedido una pensión extraordinaria de jubilación, la misma que solicitaba la funcionaria, aunque no con motivo de atentado terrorista sino por el estrés laboral que durante todos estos años sufrió la trabajadora de prisiones.

Author: ADECAF