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DIEZ AÑOS DE ADECAF (1996-2006) – 13-11-2006

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¿Funcionarios o carceleros? De las manos duras a las manos limpias

 
Sólo pedimos que se le dé por fin una oportunidad a las manos limpias, a la ética y a la inteligencia, y podamos entrar en una reforma integral de nuestra profesión que nos saque del pozo donde nosotros mismos nos hemos metido, mientras los responsables de este horror disfrutan de sus horas sindicales en cómodos despachos con aire acondicionado.
 
El pasado 10 de octubre de 2006 se cumplieron diez años de la fundación oficial de ADECAF (digo oficial pues la asociación venía funcionando desde febrero). Se eligió esa fecha porque fue precisamente un 10 de octubre de 1979 cuando valientes funcionarios de prisiones de Herrera de la Mancha declararon ante los medios de comunicación que en dicha cárcel de alta seguridad se torturaba sistemáticamente a los internos con el consentimiento del director. El veraz testimonio de tales auténticos servidores públicos vino a ser confirmado en 1985 por el Tribunal Supremo, con penas de prisión para los carceleros maltratadores. Éstos sólo fueron defendidos por el sindicato USO y los abogados del Estado, quienes en todo momento negaron los hechos.
 
En 1993, la sección de prisiones de USO de Cataluña aludía elogiosamente a los carceleros de Herrera, silenciaba la sentencia condenatoria, ya firme, y consideraba aquellos tristes acontecimientos como una suerte de conflicto sindical entre una administración protectora de presos de ETA y una solitaria central heroica que defendía los derechos laborales de honestos trabajadores. Todo era mentira. Ni había en Herrera reclusos etarras en 1979 (llegaron después), ni los funcionarios defendidos por USO eran honestos (a menos que esa virtud sea compatible con las torturas), ni hubo conflicto con la administración (los abogados del Estado apoyaron en todo momento a los torturadores). Pero Herrera funcionaba como mito fundacional de una central que recogía todos los vicios sindicales del franquismo, incluido el amor a las pistolas. En realidad, la USO era entonces un sindicato financiado por la UCD de Abril Martorell, un engendro de color chillón que se alimentaba de los residuos derechistas de la clase trabajadora con el ánimo de fomentar un espacio sindical conservador que contrapesara el ascenso de las centrales de izquierdas.
 
En Cataluña, siguiendo la misma pauta, la USOC, federación catalana de USO, representaba a finales de los ochenta y durante los noventa el sindicalismo amarillo del partido nacionalista conservador CiU, con Ignasi de Gispert, hermano de la consellera de Justícia Núria de Gispert como secretario de formación. CiU recomendaba a sus afiliados la adhesión sindical a la USOC y existen testimonios de financiación de esta central por parte del partido pujolista en el poder. Así, la herencia de Herrera de la Mancha había llegado hasta nuestra comunidad en forma de organización sindical que promovía el corporativismo (ley del silencio de raíz precisamente mafioso-delincuencial) en beneficio de sus amos políticos. Por su parte, ADECAF intentaba en 1996 recoger la otra herencia, la de los funcionarios honestos –éstos sí- enfrentados a los carceleros y al entero oasis nacionalista catalán en defensa de la legalidad y de la dignidad de una profesión injustamente estigmatizada.
 
Actualmente, gracias a las incansables denuncias de ADECAF ante los medios de comunicación, los organismos internacionales, las ONGs y otras entidades de salvaguarda de la democracia y los derechos humanos, el corporativismo y sus instigadores pseudo sindicales ha sido desenmascarado. La sección de prisiones de USO en Cataluña fue expulsada de este sindicato en 1999 después de una denuncia de ADECAF ante Amnistía Internacional. Integrados en la Catac-Ustec (IAC), y contando siempre con el total apoyo del gobierno de Pujol, los sindicalistas corporativos imitaron y superaron, si cabe, el arquetipo de la USO de 1979 (defensa pública de maltratadores, amenazas a los “chivatos”, insultos a los funcionarios legalistas e incluso a testimonios judiciales de casos de malos tratos, etcétera). Finalmente, fueron expulsados de Catac-Ustec en 2003 y se integraron entonces en la UGT, el mismo sindicato que en 1998 había proporcionado la documentación –en forma de simples pero comprometedores boletines sindicales- que sirviera de base al informe ADECAF a Amnistía Internacional. Así, gracias a un exhaustivo trabajo posterior de investigación por parte de la Universidad de Barcelona (2003), que cita expresamente el informe de ADECAF de octubre de 2000 sobre la Instigación sindical de malos tratos a los reclusos en las prisiones catalanas, nuestra sociedad sabe que ADECAF no ha mentido. En este sentido, el Consejo de Europa reconocía (9 de noviembre de 2005) el papel de determinados sindicalistas en los malos tratos a presos tras el segundo motín de Quatre Camins (2004), donde se repitieron pautas de conducta oriundas de Herrera de la Mancha, como el tristemente célebre martirio del túnel. Dichas técnicas de terror, reproducidas a lo largo de los años a través de una repulsiva tradición oral y escrita (pensemos en los hechos del 14 de mayo de 1990 en la Modelo de Barcelona, sancionados en 1996 con sentencias firmes por malos tratos), no pertenecen sólo a un pasado oscuro y superado por la democracia, sino que infectan así nuestros días de radiante catalanismo hipócrita.
 
Diez años después del nacimiento de ADECAF, permanecemos a la espera de una sentencia judicial que, reduciendo a polvo la ley del silencio carcelaria, tomada en préstamo a los presos pero indigna de unos servidores públicos, ponga en evidencia la miseria del corporativismo y permita iniciar una nueva etapa en la historia del sistema penitenciario catalán. Nuestra labor ha sido inmensa y puede afirmarse que la historia del sindicalismo en las prisiones catalanas es ya incomprensible al margen de las actuaciones de ADECAF, pero todavía se echa en falta un desenlace final que dé la razón a las teorías del progreso humano y condene al basurero de la historia a los carceleros totalitarios.
 
Sea como fuere, el daño a la imagen pública de la función penitenciaria que dichos carceleros han provocado con su forma de actuar, impropia de funcionarios, no tiene calificativo. Nos han acusado a nosotros de desprestigiar al colectivo con nuestras denuncias públicas, sin pararse a pensar que esas denuncias no podrían existir sin los hechos que las fundamentan. Y ahí, en los hechos, y no en la actitud de quienes consideramos nuestro deber reivindicar la honorabilidad del cuerpo de prisiones expulsando de él a los matones con uniforme que todavía se sientan a nuestro lado como supuestos “compañeros” –sólo para arrastrarnos con ellos a la ruina-, ahí es donde hay que buscar las causas del desastre. Por este motivo, llamamos a la reflexión de quienes llevan tantos años escuchando el discurso de la “mano dura” y de la supuesta “profesionalidad” como receta para todos los males, a fin de que consideren si no será tal presunto remedio mágico el que ha provocado esos mismos males que ahora muchos, llenos de rabia y frustración, perciben con una cada vez más diáfana claridad (los índices de absentismo laboral han alcanzado el 14%, los de alcoholismo no se conocen todavía).
 
Sólo pedimos que se le dé por fin una oportunidad a las manos limpias, a la ética y a la inteligencia, y podamos entrar en una reforma integral de nuestra profesión, un cambio histórico que nos saque del pozo donde nosotros mismos nos hemos metido mientras los responsables ideológicos de este horror ya tienen lo que querían y disfrutan de sus horas sindicales en cómodos despachos con aire acondicionado.
 
 
 
ADECAF
 
13 de noviembre de 2006

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